18 DE ENERO DE 1983. Fallece Arturo Illia

En la antesala a la vuelta de la democracia, el 18 de enero de 1983, durante el verano de exactos 40 años atrás, fallecía Arturo Illia. Su gestión como presidente, es recordada por medidas como la anulación de los contratos con petroleras extranjeras firmados por Arturo Frondizi y el fortalecimiento de YPF; la sanción de la Ley de Medicamentos, que disponía el control de sus precios al considerarlos “bienes sociales”; las leyes de Salario Mínimo, Vital y Móvil y de Abastecimiento; la aprobación de la Resolución 2065 en las Naciones Unidas, fundamental en el reclamo de soberanía en torno a las Islas Malvinas; un fuerte impulso a la educación y una política económica que articulaba intervención estatal, distribución y fortalecimiento del mercado interno. Pero su gobierno también se encontró atravesado por enormes tensiones y conflictos, y búsquedas que en muchos casos no terminaron de profundizarse. Pergaminense de origen y asentado en la provincia de Córdoba desde finales de los años veinte, acompañó su labor como médico con una activa militancia dentro del radicalismo. Fue opositor del conservadurismo en los ’30, cuando llegó a ser senador provincial, y luego vicegobernador de Córdoba entre 1940 y 1943, hasta la intervención provincial ordenada por la dictadura. En los años peronistas ejerció el cargo de diputado nacional y fue elegido gobernador en 1962, durante la presidencia de Frondizi, aunque no pudo asumir debido a una nueva interrupción del orden constitucional. Desde el Golpe de 1955 y el exilio de Perón, la creciente intervención de las Fuerzas Armadas en la política interna estaba orientada contra el peronismo, principalmente con la proscripción y la represión. Producido el derrocamiento de Frondizi, asumió José María Guido, presidente provisional del Senado, quien continuó con una legislación represiva y proscriptiva hacia el peronismo. En ese contexto, Illia asumió la presidencia el 12 de octubre de 1963. Los escenarios de tensión empeoraron y con ellos también la gobernabilidad. La desconfianza hacia la democracia, el conflicto entre las dos ramas de la UCR (la intransigente y la del pueblo) discutiendo qué postura adoptar frente al peronismo post 1955, la persistencia del apoyo popular a Perón y las diversas expresiones de su movimiento, y la presencia amenazante de las FF AA –en el marco de la Guerra Fría– se habían convertido en factores de presión. Entonces comenzaron (y escalaron) las críticas desde amplios sectores políticos, mediáticos y empresariales, con una campaña basada en un reclamo: “modernizar” el país. Entre abril y mayo el gobierno se negó a enviar tropas a la República Dominicana para tomar parte en la represión de un conflicto interno. Esto aumentó el malestar de las FF AA que querían congraciarse con EE UU. El 27 de junio el Ejército ocupó las sedes de diferentes medios de comunicación y obligó al presidente a renunciar con un grupo armado en el despacho presidencial. Al día siguiente, los militares pusieron fin al gobierno de Illia mediante un nuevo golpe de Estado que no sería el último de la historia argentina. Fuente: Tiempo Argentino  

15 DE ENERO 1822. Se crea el Banco de la Provincia de Buenos Aires

La creación del Banco se resolvió el 15 de enero de 1822, en una reunión realizada en el edificio del antiguo Consulado de Buenos Aires, donde también tuvo lugar la Asamblea del Año XIII. Su nombre original fue Banco de Buenos Ayres y nació como una sociedad anónima privada, la primera del país. Es también el primer banco de Hispanoamérica. Abrió sus puertas por primera vez el viernes 6 de septiembre de 1822.  Ese mismo día puso en circulación los primeros billetes de la historia argentina. Estaban impresos sobre una plancha única y el valor era asignado a mano por un funcionario del Banco que los avalaba con su firma. En diciembre de 1863 abrió su primera sucursal en San Nicolás de los Arroyos, a la que le siguieron Dolores y Mercedes. Desde entonces, su presencia se extendió en todo el territorio que hoy conforman la Provincia y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sus sucursales y cajeros automáticos son un sinónimo de progreso y crecimiento para las comunidades. Actualmente, es la única entidad financiera presente en 131 localidades bonaerenses. En el transcurso de tres siglos el Banco superó diversas crisis económicas, algunas propias de la Argentina y otras globales. La más difícil fue la que enfrentó en 1890, cuando entró en moratoria y cerró la mayoría de sus sucursales, a excepción de la Casa Central, la Casa Matriz La Plata y las tres primeras filiales antes mencionadas. En 1906 se reorganizó como entidad mixta al fusionarse con el Banco de Comercio Hispano Argentino. Este régimen lo rescató de su moratoria y posibilitó su crecimiento sostenido y la adecuación a las condiciones del sistema bancario moderno durante cuarenta años. En 1946, a partir de la política de estatización de empresas impulsada durante el primer gobierno de Juan Domingo Perón, el Banco se transformó en una empresa estatal de la provincia de Buenos Aires. El presidente del Directorio durante esta etapa fue Arturo Jauretche, quién impulsó la apertura de 21 nuevas sucursales y desplegó una política de crédito orientada al desarrollo de la industria nacional y el campo. Entre los múltiples hitos en la historia de Banco Provincia, se destacan: el primer crédito hipotecario argentino (1856); el primer crédito del país diseñado específicamente para el sector agropecuario (1941); la creación de planes de vivienda y la construcción de conjuntos habitacionales en la provincia de Buenos Aires (1962); la incorporación del servicio de tarjetas de crédito Visa (1980); la inauguración de su propia red de cajeros automáticos (1989); la creación del Grupo Provincia, un holding de empresas de servicios financieros (1997); el nacimiento de Provincia Microcréditos, una empresa destinada a brindarles financiamiento productivo a trabajadores y trabajadoras independientes que no tienen acceso al sistema bancario tradicional (2009); la creación del primer comité de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual del sistema financiero argentino (2020). Históricamente, Banco Provincia se ha caracterizado por ser una institución inclusiva. En 1919 incorporó la primera trabajadora, en un contexto mundial donde la mujer se incorporó al mercado laboral durante la primera guerra mundial. Hacia 1960 ingresó el primer trabajador con discapacidad y se inició así una cultura interna que promueve la diversidad en todas sus formas. A partir de 1984, con el retorno de la democracia, fue la primera entidad financiera que fomentó la incorporación de más de un centenar de veteranos de la Guerra de Malvinas. Banco Provincia tiene 420 sucursales, una red de 1.900 cajeros automáticos y 10.500 trabajadoras y trabajadores. Fuente: Banco Provincia

Intereses Colectivos. Programa N° 187

Salió al aire el programa N° 187 de Intereses Colectivos en Radio Gráfica FM 89.3 con la conducción de Lucas Sarri, la producción de la Secretaría de Prensa Nacional, la colaboración de Leonardo Martín y la supervisión y de nuestro Secretario de Prensa, Claudio Bustelo. Comenzamos el programa de hoy hablando de los incendios que otra vez azotan a la Patagonia argentina, donde la situación es crítica. En ese contexto los gobiernos nacional y provincial siguen recortando los fondos y buscando enemigos externos mientras los brigadistas y la comunidad organizada combaten el fuego en condiciones de precariedad extrema. También repasamos la agenda del gobierno, en la previa de lo que se viene en materia parlamentaria para el próximo mes: los proyectos de reforma laboral, reforma penal, la Ley de Compromiso Nacional por la Estabilidad Fiscal y las modificaciones a la Ley de Glaciares. En el segundo bloque entrevistamos a Analía Ratner, Secretaria General Adjunta Alterna de La Bancaria para conversar sobre el panorama sindical y laboral para este 2026. «Acá no solo estan avanzando contra la clase trabajadora sino contra las intituciones y contra la propia Constitucion Nacional», aseguró. ¡Te invitamos a escuchar el programa completo!     1 1

FORO ECONOMIA Y TRABAJO.  GUERRA ECONÓMICA Y PRESUPUESTO INCONSTITUCIONAL     

                                                           8 de enero de 2026 “La verdadera política es la política internacional” afirmaba Juan Domingo Perón quien advertía, en 1974, “Van a venir por nuestros recursos naturales. Por nuestros minerales, por el petróleo, por el agua, por la comida. Para lograr eso nos necesitan débiles y para lograrlo nos quieren indefensos, que ellos sean nuestros financistas y que seamos cada vez menos.” Es lo que está sucediendo. En marzo de 2025, ante la inaceptable injerencia del Gobierno del presidente Trump en los asuntos internos[1] de nuestro país que hoy se ha acrecentado, señalamos: “El mundo vive una guerra económica, comercial, tecnológica y por el control de recursos naturales estratégicos, que incluye conflictos bélicos, e inaceptables intromisiones de las naciones más poderosas en otros países…” Lo corrobora la brutal agresión estadounidense contra Venezuela del 3 de enero – en flagrante violación del derecho internacional – invadiendo, bombardeando su territorio, asesinando a decenas de personas, y secuestrando al presidente de ese país, Nicolás Maduro, y a su esposa.  Al referirse a esta acción ilegal e intolerable, Trump reclamó acceso total al petróleo venezolano en beneficio de las empresas norteamericanas.[2] Es en este contexto que deben analizarse las decisiones de política internacional, económica, financiera, social e institucional del gobierno de Javier Milei, alineado incondicionalmente con el presidente estadounidense . Es el caso del mentiroso e inconsistente Presupuesto 2026, que impulsado por el Gobierno libertario se sancionó en el Congreso Nacional violando, entre otros, el artículo 75 inciso 19 de la Constitución Nacional, y el art. 20 de la ley 24.156 de administración financiera. Es decir, se votó una ley inconstitucional que, entre otros, tiene el vicio de su finalidad:  un fenomenal ajuste, que implica la violación sistemática de los derechos constitucionales de una inmensa mayoría de las argentinas y argentinos (ver anexo 1). Su ejecución supone menores ingresos alimentarios, menor consumo, caída de la demanda, de la producción, destrucción de empresas y de empleo, con menos recursos para previsión social, educación y salud públicas, ciencia y tecnología, y defensa nacional. Ese presupuesto está subordinado al cumplimiento de acuerdos sobre compromisos fraudulentos con gravísimos vicios de origen suscriptos con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Gobierno del presidente Trump, lo que, en Argentina, beneficia a las empresas de la Cámara de Comercio de EE. UU. (AmCham), y a una minoría enriquecida con la especulación financiera o la oligopolización de los precios, en particular de los alimentos, la energía, e insumos necesarios para producir. Lo mismo vale para la denominada Ley de Inocencia Fiscal, que profundizará la caída de recaudación fiscal (ver anexo 2), favoreciendo la evasión tributaria y el lavado de dinero proveniente de actividades criminales como el narcotráfico. Ello coincide con el objetivo declarado de Javier Milei de destruir el estado[3]. O para el DNU 945/2025 por el que «La Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) incrementará su opacidad y su poder sin control parlamentario; todas sus actividades de espionaje pasarán a ser «encubiertas», transformando a los agentes de inteligencia en ‘policía secreta’ o ‘fuerza parapolicial’, y habilitando la detención de personas sin orden judicial»…iniciativas que  “divorciadas de las genuinas prioridades de nuestro pueblo, surgen como el complemento represivo indispensable de un programa económico y social de ajuste continuo que se está llevando a cabo y que no resultará sustentable en el tiempo» como señala la CGT [4] y que ambas CTA caracterizan como arquitectura ilegal para la persecución ilegal política, sindical, y social. O para las normas que ceden recursos y empresas estratégicas (ver anexo 3) a la par que el Gobierno lleva adelante una política exterior que compromete la seguridad de nuestra sociedad y abre la puerta a la cesión de nuestra soberanía marítima y de nuestras Islas Malvinas. Por ello insistimos, antes de que sea demasiado tarde, necesitamos dejar de lado mezquindades inaceptables que están postergando una unidad con contenido[5] expresada en un proyecto común, en una estrategia con acciones y compromisos claros con todos los sectores vinculados al interés nacional, con el fin de revertir las políticas de entrega de nuestros recursos estratégicos y destructivas de nuestro entramado socio productivo. FORO ECONOMIA Y TRABAJO Ricardo Aronskind, Gabriel Barceló, Noemí Brenta, Marcelo Di Ciano, Juan Pablo Costa,                 Norberto Crovetto, Raúl “Rulo” Dellatorre, Marisa Duarte, Eduardo Dvorkin, Roberto Feletti,                      José M. Fumagalli, Américo García, Carlos Gutiérrez, Ricardo Koss, Bernardo Lichinsky,                      Nicolás Malinovsky, Jorge Marchini, Felisa Miceli, Alejandro Rofman, Horacio Rovelli, José Sbatella, Nahuel Silva, Juan Carlos Teso, Rodolfo P. Treber, Eduardo Berrozpe (coordinador)   ANEXO   UN PRESUPUESTO INCONSTITUCIONAL SUBORDINADO A UNA DEUDA ODIOSA El proyecto de Ley de Presupuesto 2026, impulsado por el Gobierno de Javier Milei, lamentablemente sancionado en el Congreso Nacional por Ley 27.798, que profundiza la política de ajuste fiscal y endeudamiento es de carácter inconstitucional. Haber gobernado la mitad de su mandato con presupuestos prorrogados, le permitió a Milei llevar adelante una política de ajuste fiscal, tras imponer una devaluación del 118% en diciembre de 2023, en perjuicio de la salud, educación, obra pública, transferencias a las provincias, jubilados, pensionados y trabajadores. Como continuidad, la reciente aprobación de la ley de Presupuesto de la Administración Nacional 2026 prioriza el pago de la deuda, supedita los gastos a ese fin, en beneficio de los acreedores internos y externos y de quienes fugaron posteriormente esa deuda, en detrimento del conjunto de la población. Así, en su artículo 1° fija la regla fiscal según la cual “el Presupuesto General de la Administración Nacional, al cierre del Ejercicio Fiscal 2026, deberá presentar una ejecución con resultado financiero equilibrado o superavitario”, priorizando el cumplimiento de los compromisos de la deuda pública como norma imperante a partir de la cual se subordinan recursos y gastos a libre ejecución del Poder Ejecutivo. Como contrapartida han derogado el artículo 9 de la Ley de Educación Nacional que establecía una meta de financiamiento del

7 DE ENERO 1919. 107 años de la Semana Trágica

El 7 de enero de 1919, el reclamo de los trabajadores de los talleres Vasena derivó en una represión sin precedentes, a cargo del Ejército, la policía y grupos de ultraderecha que durante una semana militarizaron la ciudad de Buenos Aires. A las cuatro de la tarde del 7 de enero de 1919, los trabajadores en huelga de los talleres metalúrgicos Vasena marcharon a los depósitos de la empresa, ubicados en Cochabamba y La Rioja, en el barrio porteño de San Cristóbal. Reclamaban que la jornada laboral bajase de once a ocho horas, un aumento en los jornales, descanso dominical y la reincorporación de delegados echados por la empresa. El conflicto había empezado un mes antes y la empresa de Pedro Vasena funcionaba con rompehuelgas y trabajadores que no habían adherido. Un grupo de huelguistas quiso frenar a unos esquiroles que iban a entrar a trabajar. Al no lograrlo, les tiraron piedras. Entonces, efectivos policiales que vigilaban la fábrica comenzaron a disparar a hombres, mujeres y niños. Hubo cuatro muertos y más de treinta heridos. Los metalúrgicos llamaron a la huelga de todo el gremio y estalló lo que pasaría a la historia como la Semana Trágica: un conflicto social de una magnitud sin antecedentes, que dejó cientos de muertos, el primer pogrom fuera de Europa y la politización de los militares, encargados de reprimir a los obreros. Fuente: Página 12  

Intereses Colectivos. Programa N° 186

Salió al aire el programa N° 186 de Intereses Colectivos en Radio Gráfica FM 89.3 con la conducción de Lucas Sarri, la producción de la Secretaría de Prensa Nacional, la colaboración de Leonardo Martín y la supervisión y de nuestro Secretario de Prensa, Claudio Bustelo. En el programa de hoy hablamos de las repercusiones tras el bombardeo e intervención de Estados Unidos a Venezuela y el secuestro de su presidente Nicolás Maduro. Mientras México, Colombia, Brasil, Uruguay, Chile y España rechazaron en bloque la intervención militar en América Latina y la violación de todo derecho internacional, Milei lo celebró. Explicamos los alcances del DNU dictado por el Poder ejecutivo el 31 de diciembre de 2025 por el cual reformula en profundidad la Ley de Inteligencia Nacional (25.520) mediante una reorganización integral del sistema de inteligencia, dándole más poder y oscuridad a la SIDE. Por último repasamos el mapa de los aumentos en transporte, tarifas y alquileres con el cual se inaugura  el año el Gobierno de Milei, pulverizando aún más el consumo de los argentinos y argentinas. En el segundo bloque entrevistamos a Eduardo Zingarelli, nuevo prosecretario de Seccionales, quien habló del rol de dicha Secretaría y los desafíos para el movimiento obrero en este 2026. ¡Te invitamos a escuchar el programa completo!         1 1

Intereses Colectivos. Programa N° 185

Salió al aire el programa N° 185 de Intereses Colectivos en Radio Gráfica FM 89.3, con la conducción de Lucas Sarri, la producción de la Secretaría de Prensa Nacional, la colaboración de Leonardo Martín y la supervisión y de nuestro Secretario de Prensa, Claudio Bustelo. Comenzamos el programa de hoy hablando de la movilización convocada por la CGT el pasado jueves pasado contra la Reforma Laboral, de la cual participo la Asociación Bancaria. También hablamos del presupuesto 2026, LLA pasó de amenazar con vetar el presupuesto a retroceder, apurado por la interna libertaria con el PRO. Vimos también qué sectores crecen en el modelo Milei y por qué no generan empleo. El Gobierno culpa a la legislación laboral, pero los datos exhiben un esquema productivo en crisis que no genera puestos de calidad. En el segundo bloque entrevistamos a Maia Volcovinsky, Secretaria General Adjunta UEJN y Co Secretaria de DDHH de la CGT. “A la reforma la analizaría en tres ejes destructivos: la eliminación quirúrgica de los principios del derecho del trabajo consagrados en la Constitución; ataca a la Justicia del Trabajo y el tercero es el avance sobre la fuerza de las sindicato que es la principal herramienta que tenemos los trabajadores para defendernos y para defender condiciones salariales”, señaló Volcovinsky. ¡Te invitamos a escuchar el programa completo!       1 1

20 DE DICIEMBRE DE 1945. Perón promulgó el decreto 33.302/45 instaurando aguinaldo, vacaciones pagas e indemnización por despidos injustificados

  El aguinaldo en Argentina, formalmente conocido como Sueldo Anual Complementario (SAC), es mucho más que un beneficio económico: es un símbolo de conquista laboral y justicia social. Su origen está vinculado con las políticas impulsadas por Juan Domingo Perón durante su primera presidencia (1946-1952), lo que marcó un antes y un después en la historia de los derechos laborales del país. Fue en 1945, desde la Secretaría de Trabajo y Previsión, que Perón comenzó a delinear una “reforma laboral” profunda. El objetivo era mejorar las condiciones de los trabajadores. Un año después, ya como presidente, promulgó la Ley 12.921, que establecía el pago del aguinaldo de manera obligatoria y dividida en dos cuotas anuales. Esta medida no solo representó una mejora directa en el salario real de los trabajadores, sino que se convirtió en un pilar del modelo de justicia social peronista.  Fue sancionada el 20 de diciembre de 1946, apenas un año después del decreto que dio origen a la medida. Este hito marcó el inicio de una nueva etapa en la relación entre el Estado y los trabajadores, al institucionalizar el pago del aguinaldo como un derecho inalienable. El aguinaldo se transformó en una herramienta efectiva de redistribución del ingreso, lo que favoreció el vínculo entre el peronismo y los sectores populares. Su impacto fue inmediato: permitió a las familias trabajadoras afrontar gastos extraordinarios, acceder a bienes de consumo y mejorar su calidad de vida. En la actualidad, el aguinaldo sigue vigente como parte fundamental de los derechos laborales en Argentina. Si bien hubo debates sobre su forma de cálculo o su impacto económico, el espíritu de la medida permanece intacto. Cada diciembre y junio, millones de argentinos reciben este ingreso adicional que, más allá del monto, representa una herencia histórica y un recordatorio del rol que el Estado puede tener en la mejora de la vida de sus ciudadanos. Fuente: Destape