El 16 de septiembre de 1955, un movimiento cívico-militar-eclesiástico puso fin al segundo gobierno de Juan Domingo Perón, con un golpe de Estado que se autodenominó Revolución Libertadora.
El gobierno de facto encontró un país que había pagado la totalidad de la deuda externa, cuyo motor era el consumo popular. En pocos meses, produjo una devaluación del peso que disminuyó el salario de los trabajadores, intervino los sindicatos, se asoció con el Fondo Monetario Internacional, y desató una feroz persecución contra el peronismo.
Hacía nueve años que Perón gobernaba la Argentina, elegido en comicios democráticos en los que había ganado por el 54 y por el 62 por ciento de los votos, con una gestión que había significado un notable mejoramiento en la vida de los sectores asalariados, con la inclusión de derechos sociales en la Constitución Nacional hasta entonces inexistentes en la Argentina.
Tres meses antes del golpe, el jueves 16 de junio de 1955, aviones de la Marina de Guerra y de la Aeronáutica sobrevolaron la ciudad de Buenos Aires con el objetivo de bombardear la Casa de Gobierno, en la que se encontraba el presidente de la República y miles de civiles. Durante cinco horas cayeron un centenar de bombas en la Plaza de Mayo, dando comienzo a una etapa de violencia sostenida en la Argentina. El 16 de septiembre, el golpe se impuso.
De esa manera, llegó a la presidencia de la República el general Eduardo Lonardi. Dos meses más tarde, fue reemplazado por el general Pedro Eugenio Aramburu, que llegó a la Casa Rosada con el apoyo de todos los partidos políticos no peronistas y de los sectores liberales que exigían mayor firmeza con los seguidores del régimen depuesto.
Fue durante ese gobierno que se acentuaron los juicios y condenas a decenas de dirigentes peronistas, muchos de los cuales fueron confinados en distintas cárceles del país, incluido el penal de Ushuaia, que había sido clausurado por sus condiciones inhumanas para el alojamiento de los presos.
Además, se sancionó el decreto 4161/56, que prohibía el uso público de los símbolos asociados con Perón y hasta la misma mención de su nombre, y se dispuso la intervención de la CGT, de donde desapareció el cadáver de Eva Perón.
Pero, sin duda, la medida de mayor dureza fueron los fusilamientos de 1956, luego de que fracasara el levantamiento del 9 y 10 de junio de aquel año en el que perdieron la vida el jefe del movimiento, general Juan José Valle, y otros treinta ciudadanos, entre los que se contaban civiles que fueron ultimados en un basural de José León Suárez.
En 1957, el gobierno de facto convocó a una Asamblea Constituyente para derogar la Carta Magna reformada en 1949, resumiendo los derechos sociales en un solo artículo que fue agregado con el número 14 bis. Un año después, el 1º de mayo de 1958, entregó el gobierno a Arturo Frondizi, de la Unión Cívica Radical Intransigente (UCRI), luego de convocar a comicios en los que se impidió la participación del peronismo.
Fuente: Caras y Caretas
