El 9 de diciembre de 1985 se tomaría una decisión histórica: los secuestros, las torturas, las desapariciones, las muertes, los robos, de la última dictadura cívico militar eran crímenes y sus responsables debían ser condenados. Aquel día, después de ocho meses de juicio, la Cámara Federal condenó a cinco de los nueve integrantes de las tres juntas militares de aquel golpe de Estado, Jorge Rafael Videla y Emilio Massera incluidos.
El fallo unánime condenó a Videla y a Massera a prisión perpetua; a Roberto Viola a 17 años de cárcel; a Armando Lambruschini a 8; a Orlando Agosti a 4 años y seis meses de encierro. Omar Rubens Graffigna, Arturo Lami Dozo, Leopoldo Galtieri y Jorge Anaya resultaron absueltos.
El juicio estuvo acompañado de amenazas permanentes a fiscales, jueces, funcionarios, secuestro de testigos, amenazas de bomba. El estupor tuvo que ver en parte, también, con cierta desazón que causaron las condenas sobre todo en las agrupaciones de derechos humanos, si bien en la mayor parte del espectro político la sentencia fue celebrada. Hay un legado de esa sentencia que perdura hasta nuestros días.
Más allá de que la condena haya dejado en claro el carácter criminal del desempeño de los militares, hubo un aspecto de lo ocurrido durante la dictadura al que el proceso de enjuiciamiento a las Juntas no alcanzó siquiera a desarmar para revisar: el carácter político y económico del Golpe y de sus crímenes; el modelo de país que se buscaba instalar a partir de los secuestros, desapariciones y asesinatos. Había una dificultad de parte de la sociedad para reconocer el carácter político de los crímenes condenados en el Juicio a las Juntas, así como el proyecto político y económico regresivo que buscó la dictadura con ellos.
La condena sirvió como puntapié de recuperación de los derechos humanos como valor de la democracia, algo que cae durante el Gobierno de Carlos Menem y empieza a resurgir en 2003. En la constitución de la memoria colectiva en relación con los crímenes del terrorismo de Estado, la condena de diciembre de 1985 también fue un mojón, que por supuesto no hubiera existido sin la persistencia de los organismos de derechos humanos que empezaron a reclamar verdad en el mismo momento en que el gobierno dictatorial y sus aliados en cada espacio del campo sociocultural, medios de comunicación a la cabeza, insistía en escribir mentiras.
Fuente: Página 12
