20 DE DICIEMBRE DE 1945. Perón promulgó el decreto 33.302/45 instaurando aguinaldo, vacaciones pagas e indemnización por despidos injustificados
El aguinaldo en Argentina, formalmente conocido como Sueldo Anual Complementario (SAC), es mucho más que un beneficio económico: es un símbolo de conquista laboral y justicia social. Su origen está vinculado con las políticas impulsadas por Juan Domingo Perón durante su primera presidencia (1946-1952), lo que marcó un antes y un después en la historia de los derechos laborales del país. Fue en 1945, desde la Secretaría de Trabajo y Previsión, que Perón comenzó a delinear una “reforma laboral” profunda. El objetivo era mejorar las condiciones de los trabajadores. Un año después, ya como presidente, promulgó la Ley 12.921, que establecía el pago del aguinaldo de manera obligatoria y dividida en dos cuotas anuales. Esta medida no solo representó una mejora directa en el salario real de los trabajadores, sino que se convirtió en un pilar del modelo de justicia social peronista. Fue sancionada el 20 de diciembre de 1946, apenas un año después del decreto que dio origen a la medida. Este hito marcó el inicio de una nueva etapa en la relación entre el Estado y los trabajadores, al institucionalizar el pago del aguinaldo como un derecho inalienable. El aguinaldo se transformó en una herramienta efectiva de redistribución del ingreso, lo que favoreció el vínculo entre el peronismo y los sectores populares. Su impacto fue inmediato: permitió a las familias trabajadoras afrontar gastos extraordinarios, acceder a bienes de consumo y mejorar su calidad de vida. En la actualidad, el aguinaldo sigue vigente como parte fundamental de los derechos laborales en Argentina. Si bien hubo debates sobre su forma de cálculo o su impacto económico, el espíritu de la medida permanece intacto. Cada diciembre y junio, millones de argentinos reciben este ingreso adicional que, más allá del monto, representa una herencia histórica y un recordatorio del rol que el Estado puede tener en la mejora de la vida de sus ciudadanos. Fuente: Destape
19 y 20 de diciembre de 2001. Represión y levantamiento popular
El desmantelamiento del aparato productivo, la reducción del Estado, el desfinanciamiento de la educación y la salud, los reiterados casos de corrupción, los altos niveles de precarización laboral y desocupación -cerca de 2 millones de desocupados-, la recesión económica, la fuga de capitales -19.000 millones de dólares en 2001-, los recortes salariales -entre el 13 y el 21%-, la reforma del sistema jubilatorio -eliminación del régimen estatal de reparto y la prestación básica universal, entre otros aspectos-, la Reforma Laboral y, finalmente, el corralito financiero, impuesto por el entonces ministro de economía Domingo Cavallo, fueron algunos de los padecimientos que llevaron a sectores de la clase media, que veían sus ahorros desaparecer, a salir a la calle a reclamar junto a los sectores populares, quienes ya se venían organizando en torno a ollas populares, piquetes y asambleas. Ante el hartazgo generalizado de la sociedad frente a un modelo conservador, corrupto y excluyente, amplios sectores se unieron bajo la consigna “Que se vayan todos”. Frente a las manifestaciones de protesta y los saqueos producidos en todo el territorio nacional, el Estado desplegó una fuerte represión que incluyó el homicidio de más de treinta personas, centenares de heridos y cuatro mil quinientos detenidos en el marco de un Estado de Sitio. Incluso las Madres de la Plaza fueron brutalmente golpeadas por la policía montada durante los acontecimientos de diciembre. Sin embargo, la crisis de 2001 también abrió la puerta a dinámicas sociales que avanzaron hacia la organización colectiva y la participación política, prácticas socavadas durante la década del noventa. La renovada noción de comunidad se vio cristalizada a partir de diferentes formas de organización social. La irrupción en el conurbano de los piquetes y ollas populares hicieron visible que la profundidad de la crisis no afectaba solamente al interior del país. En La Matanza se llevó a cabo la primera Asamblea Nacional Piquetera con presencia de organizaciones de ese distrito y del interior del país, que aprobó un plan de lucha con cortes de ruta progresivos para oponerse a la política de ajuste. Por otra parte, frente al cierre de fábricas y empresas, trabajadores y trabajadoras se organizaron de manera democrática, generalmente bajo la forma de cooperativas. En los diferentes barrios, se organizaron formas de economía social y de intercambio solidario de productos y servicios, como el trueque. En algunos casos se crearon «sustitutos de moneda» que se sumaron a los bonos y monedas alternativas extendidos por el Estado Nacional y Provincial. Fuente: Universidad Nacional de las Artes
Masiva movilización de la CGT contra la reforma laboral de Milei
En la tarde de este jueves se llevó adelante una multitudinaria movilización a Plaza de Mayo convocada por la Confederación General del Trabajo (CGT), en la que el conjunto del movimiento obrero organizado se expresó con claridad y firmeza en rechazo a la reforma laboral impulsada por el Gobierno Nacional. Miles de trabajadoras y trabajadores formales e informales, organizados en sus sindicatos, organizaciones sociales y políticas, colmaron las calles para defender los derechos conquistados frente a una iniciativa que pretende avanzar sobre condiciones laborales básicas y promueve un profundo retroceso social y económico. Desde la Asociación Bancaria estuvimos presentes junto a nuestro compañero Secretario General Sergio Palazzo, junto a miembros del Secretariado Nacional y numerosas comisiones gremiales internas de todo el país, reafirmando el compromiso del sindicato con la unidad del movimiento obrero y la defensa irrestricta de las conquistas laborales. Bajo el argumento de “modernización laboral”, esta reforma otorga más poder y beneficios al empresariado, mientras que precariza aún más la vida de las y los trabajadores. Entre las modificaciones más preocupantes está la flexibilización en las condiciones de contratación, jornadas de hasta 12 horas, la eliminación de horas extra, la reducción de indemnizaciones, la promoción del despido, limita la negociación colectiva y limita el derecho a la huelga, entre muchos otros puntos consagrados por la legislación laboral y los convenios colectivos de trabajo. La movilización expresó, una vez más, la fortaleza del movimiento obrero argentino, que no está dispuesto a retroceder en materia de derechos ni a aceptar políticas que profundicen la desigualdad y la precarización. Desde la Asociación Bancaria ratificamos que la organización, la unidad y la movilización son herramientas fundamentales para enfrentar cualquier intento de avanzar contra los derechos de las trabajadoras y los trabajadores. NO A LA REFORMA LABORAL 1 1
Intereses Colectivos. Programa N° 184
Salió al aire el programa N° 181 de Intereses Colectivos en Radio Gráfica FM 89.3, con la conducción de Lucas Sarri, la producción de la Secretaría de Prensa Nacional, la colaboración de Leonardo Martín y la supervisión y de nuestro Secretario de Prensa, Claudio Bustelo. En el programa de hoy hablamos del proyecto de reforma laboral que presentó el Gobierno de Milei. Bajo la consigna de “modernizar” las leyes laborales, la normativa busca avanza sobree tres ejes principales: recorta derechos adquiridos, amplía la discrecionalidad empresarial y limita el accionar sindical, y desfinancia la seguridad social. El objetivo de fondo, es una mayor precarización. Pare rechazar el proyecto, la CGT convocó a una movilización para este jueves, protesta que se replicará en todo el país. Desde la Asociación Bancaria nos sumamos a la convocatoria a marchar en todo el país para decirle NO a la reforma regresiva que atenta con nuestros derechos. En el segundo bloque entrevistamos a Roberto Merlino, Secretario Adjunto del SEIVARA, el sindicato del vidrio, a raíz del ataque que sufrió la sede del gremio en un claro acto de intimidación en la previa de la marcha de la central obrera. Además, explicó los puntos más preocupantes de la reforma laboral que atentan contra las y los trabajadores y la organización gremial. “Estamos en una situación muy grave. El 18 tenemos que estar todos, es el momento más importante para demostrar al gobierno que esta reforma no va a mejorar las condiciones de los trabajadores y trabajadoras”, señaló Merlino. ¡Te invitamos a escuchar el programa completo! 1 1
Con la participación de Sergio Palazzo, la Bancaria debatió sobre democracia, memoria y derechos humanos
En el marco del 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos y de la Restauración Democrática, la Asociación Bancaria realizó la charla “Democracia: es lucha, memoria y futuro”, una jornada de debate y reflexión colectiva que tuvo lugar en el Auditorio Malvinas Argentinas de la sede del gremio. La actividad fue coordinada por la Secretaría de Derechos Humanos, Género e Igualdad y articuló dos fechas centrales de la agenda sindical y de los movimientos populares: el 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, y el 10 de diciembre, fecha emblemática para la democracia y los derechos humanos en la Argentina. La jornada se organizó en dos mesas de debate. El primer panel, dedicado a comunicación, género y derechos humanos, fue presentado por Claudia Ormachea, Secretaria de Derechos Humanos, Género e Igualdad de la Asociación Bancaria. Allí expusieron Carla Gaudensi, Secretaria General de FATPREN y secretaria de Géneros de la CGT; Carolina Justo von Lurzer, doctora en Ciencias Sociales e investigadora del CONICET; Tania Rodríguez, doctora en Ciencias Sociales; y Jimena López, diputada nacional por Fuerza Patria. Las intervenciones abordaron los desafíos actuales en la construcción de sentidos, la igualdad de género y el rol de la comunicación en la defensa de los derechos. El segundo panel, centrado en democracia y derechos humanos, contó con la apertura de nuestro Secretario General y Diputado Nacional Sergio Palazzo. A continuación, participaron el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel; Lautaro Ceccon, integrante del colectivo Nietes; Sandra Raggio, directora ejecutiva de la Comisión Provincial por la Memoria – Jóvenes y Memoria; y Eduardo Rinesi, filósofo y politólogo. El intercambio puso en foco la memoria histórica, las luchas del presente frente a un gobierno negacionista que avanza en la quita de derechos y en la violación de los derechos humanos y los desafíos que enfrenta la democracia en un contexto de retrocesos y disputas de derechos. No puede haber democracia plena mientras persistan las violencias machistas, las desigualdades estructurales, el arrasamiento de los derechos laborales y todas aquellas formas de violencia que vulneran los derechos humanos. Desde la Asociación Bancaria, reafirmamos el compromiso histórico con la memoria, la igualdad y la defensa de una democracia con justicia social. 1 1
REPUDIAMOS EL ATAQUE A LA SEDE DEL SINDICATO DEL VIDRIO!!!
Desde La Asociación Bancaria expresamos nuestro más enérgico repudio al violento ataque sufrido a la sede del Sindicato del Vidrio (SEIVARA), ubicada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Un grupo de personas ingresaron a las instalaciones del sindicato y provocaron importantes destrozos, dañando pisos, cámaras de seguridad y otros elementos del edificio. El hecho ya fue denunciado ante la Justicia. Este ataque no puede analizarse como un hecho aislado, ocurre a pocos días de la movilización convocada por la CGT. Se trata de un mensaje preocupante que busca disciplinar y amedrentar al movimiento obrero organizado. Desde La Bancaria nos solidarizamos plenamente con las compañeras y compañeros de SEIVARA, como así también con su Secretario General, Cro. Cristian Jerónimo. Acompañamos su reclamo de esclarecimiento inmediato y exigimos a las autoridades que se identifique y sancione a los responsables materiales e intelectuales de este ataque. La violencia, la persecución y las amenazas no pueden ni deben tener lugar en una sociedad democrática. Las organizaciones sindicales seguiremos defendiendo, con unidad y firmeza, los derechos laborales, la libertad sindical y la dignidad de las y los trabajadores. Buenos Aires, 15 de diciembre de 2025 SECRETARIADO GENERAL NACIONAL DE LA ASOCIACIÓN BANCARIA
FORO ECONOMIA Y TRABAJO. ARGENTINA INDEPENDIENTE DEL FONDO MONETARIO
14 de diciembre de 2025 HACE 20 AÑOS El 15 de diciembre de 2005, el entonces Presidente de la Nación Néstor Kirchner confirmó una decisión política estratégica al anunciar el pago total de la deuda que Argentina mantenía con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Y encargó su ejecución a su Ministra de Economía y Producción, Felisa Miceli. Es ineludible conmemorarlo cuando vivimos las trágicas consecuencias de la decisión del Gobierno de Mauricio Macri de volver, a partir de 2018, a endeudarse y depender de ese organismo en las decisiones de política económica En aquel entonces, nuestro país venía arrastrando un pasivo con ese organismo que había sido contraído durante los años 80 y 90 que alcanzaban a los 9.810 millones de dólares, deuda que, como ha sucedido históricamente con el FMI, solo sirvió para financiar la fuga de capitales que se produjo en esos años, como tambien sucede ahora. Néstor Kirchner trazó una clara política desde el comienzo de su mandato: el desendeudamiento de la Argentina. Recibió un país en default y con negociaciones empantanadas con el FMI. Y se trazó un camino sencillo y posible: lograr mantener los superávits gemelos -fiscal y comercial externo-, hacer crecer la economía, fortaleciendo el mercado interno y las exportaciones, mientras, simultáneamente, se incrementaba el empleo formal y el poder adquisitivo de la población, mejorando la distribución del ingreso. La acumulación de reservas internacionales genuinas, provenientes del saldo positivo del comercio exterior, se convirtió en un objetivo prioritario, durante los años de su gobierno. En un país de recurrente escasez de divisas generada por una descontrolada fuga de las que obtenemos por nuestra producción, la fortaleza externa fue considerada como lo que es: la mejor garantía de estabilidad cambiaria y de precios ante posibles ataques especulativos. Esa solvencia fue lograda en base a una detallada y eficaz regulación tanto de la balanza comercial como de la cuenta capital del Balance de Pagos. Cuando asumió Néstor Kirchner el país contaba con 8.250 millones de dólares de reservas internacionales, de las cuales solo la mitad eran de libre disponibilidad, mientras que a fines de 2005 éstas últimas se habían incrementado a 26.800 millones de dólares, a fuerza de ahorrar la mayor parte del superávit comercial externo de cada año. Esa fue la fortaleza que permitió pagarle al FMI. No se consiguió de un día para otro. Fue una estrategia pensada desde el inicio de su gestión, un camino elaborado para llegar al objetivo de lograr mayor autonomía en el diseño de la política económica. Ya en marzo de 2004 Kirchner había advertido ante el Congreso de la Nación: “No pagaremos a costa de que cada vez más argentinos vean postergado su acceso a la educación, la salud, la vivienda, el empleo decente. Creciendo nuestra economía mejorará nuestra capacidad de pago. “ A cuatro meses del inicio de su gobierno, en setiembre de 2003 el país había firmado un programa stand-by a tres años para reestructurar la deuda contraída por los gobiernos de Menen y de De la Rúa. Venía pagando los vencimientos, mientras que era sometido a una serie de revisiones y controles de cumplimiento de metas. Además, debía cumplir con las exigencias habituales que impone el organismo: ajuste fiscal cada vez mayor, privatizaciones -las del Banco Nación entre ellas- o la participación de un grupo de bancos privados para la reestructuración de la deuda con acreedores privados que se encontraba en default, lo cual finalmente fue realizado por el Ministerio de Economía. Según palabras del propio Presidente Kirchner: “Esa deuda ha sido un constante vehículo de intromisiones, porque está sujeta a revisiones periódicas y ha sido fuente de exigencias y más exigencias, que resultan contradictorias entre sí y opuestas al objetivo del crecimiento sustentable. Además, desnaturalizado como está en sus fines el Fondo Monetario Internacional ha actuado, respecto de nuestro país, como promotor y vehículo de políticas que provocaron pobreza y dolor en el pueblo argentino, de la mano de gobiernos que eran proclamados alumnos ejemplares del ajuste permanente”. Resulta claro que este entrometimiento en la política nacional no era para nada compartido por lo que, dado la solvencia en las reservas internacionales, el Gobierno Argentino, en acuerdo con el Gobierno de Brasil, decidió el pago total de la deuda con el organismo. Así lo dijo en ese entonces: “Se trata de un paso largamente conversado con los señores presidentes del MERCOSUR en general, y especialmente con el Presidente Lula Da Silva, a quienes agradecemos, como también al apoyo permanente recibido de la República Bolivariana de Venezuela”. Habían pasado dos años y medio desde la asunción de Néstor Kirchner. Se había levantado el default, el crecimiento económico era a tasas chinas, con políticas heterodoxas, con creación de empleo formal, y redistribución del ingreso, sin tarifazos ni privatizaciones. Después de más de 30 años de políticas antinacionales y antipopulares el país había avanzado por otro rumbo con un modelo productivo con inclusión social. Y el pago total al FMI consolidó ese camino. Por supuesto, que hubo detractores de todo tipo para esa decisión. La principal objeción era que se comprometía el 36,6% de las reservas del país, que, de 26.800 millones de dólares, pasaban a 16.990 millones. Y que se cancelaba deuda “barata”. Ninguna de las tormentas catastróficas que pronosticaron se produjo. En setiembre de ese mismo año la cantidad de reservas ya era superior a las existentes al momento de pagarle al Fondo. Tampoco el valor de la divisa se alteró ni apareció ningún tipo de brecha entre mercados, fluctuando en valores de alrededor de $3,08 por dólar, tanto en el mercado oficial como en el blue. Y en cuanto al costo del endeudamiento, hay que destacar que hubo un ahorro significativo de divisas, ya que, de las reservas utilizadas para el pago, una parte estaba depositada en el Banco Internacional de Basilea -unos 5.400 millones de dólares- devengando un interés del 1,5% anual, mientras que el país le abonaba al FMI, por tasas, comisiones y sobrecargos, casi dos puntos más. El resto, unos
13 DE DICIEMBRE 1828. Asesinato de Manuel Dorrego, defensor del voto de los trabajadores
Manuel Dorrego nació en Buenos Aires el 11 de junio de 1787. Hijo de un comerciante portugués, tuvo un lugar central en el Ejército del Norte comandado por Belgrano, con una participación destacada en la Batalla de Tucumán (1812). Férreo opositor del centralismo del Directorio, partió al exilio a Estados Unidos, donde se empapó de las ideas federales y republicanas. Dorrego se va a transformar en un ferviente militante del federalismo en Buenos Aires. Cercano a los sectores populares, va a impulsar (sin éxito) el sufragio universal durante el Congreso Constituyente de 1824: “¿Es posible esto en un país republicano? ¿Es posible que los asalariados sean buenos para lo que es penoso y odioso en la sociedad, pero que no puedan tomar parte en las elecciones? Yo no entiendo cómo pueda tener parte en la sociedad, ni como pueda considerarse miembro de ella a un hombre que, ni en la organización del gobierno ni en las leyes, tiene una intervención”. Dorrego lanzó el periódico El Tribuno, con la colaboración de Manuel Moreno y denunció los opacos lazos entre funcionarios argentinos y empresas de capital británico, centralmente entidades financieras. Caído el gobierno central de Rivadavia en 1827, Dorrego es electo gobernador de Buenos Aires y responsable de las relaciones exteriores del resto de las provincias. Su primera decisión es suspender el pago del empréstito contraído con la financiera británica Baring Brothers por considerarla ilegitima. También fija una política de precios máximos para cuidar el consumo popular y sanea las cuentas públicas de Buenos Aires. Estas iniciativas le dan a Dorrego un gran apoyo popular, pero le generan la enemistad de los sectores comerciantes y de la embajada británica. En noviembre de 1828, cumplido un año de gobierno, ex funcionarios rivadavianos comenzaron la conspiración. Con una fuerte campaña de difamación a Dorrego, hicieron jugar a su favor el descontento de las tropas que volvían de la Guerra con Brasil. Triunfantes en los campos de batalla, pero derrotados en las mesas de negociaciones por obra y gracia del vergonzoso acuerdo elaborado por el ministro de Relaciones Exteriores de Rivadavia, Manuel José García. Dorrego es forzado a reconocer ese acuerdo, y rápidamente la conspiración unitaria acusa al gobernador de “traidor” y lo señala como el hacedor del vergonzoso acuerdo armado por la gestión anterior. Lavalle pondrá la espada para concretar la conspiración golpista. Ingresará el 1 de diciembre a Buenos Aires con sus tropas. Derrotará a Dorrego el 9 de diciembre en Navarro y lo fusilará cuatro días después en la misma ciudad. El fusilamiento de Dorrego marca un hito en el uso de la violencia política en nuestras tierras, por su método clandestino, por su violencia inusitada, por su despilfarro de los bienes públicos. Fuente: Tiempo Argentino
13 DE DICIEMBRE DE 1983. El Presidente Alfonsín dictó por decreto el procesamiento de las tres primeras juntas militares
Iniciado su gobierno, en diciembre de 1983, Alfonsín propone, por una parte, el proyecto de aprobación del Pacto de San José de Costa Rica o Convención Americana de Derechos Humanos y por otra, una serie de medidas destinadas a resolver la cuestión de la sanción jurídica al terrorismo de Estado: crea por decreto presidencial Nº 187/83 la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas (Conadep), conformada por “notables”… que desarrolló ampliamente sus atribuciones de investigación y elaboró un informe, llamado “Nunca Más”, que resultó un significativo documento oficial respecto del sistema represivo. Finalizado su cometido, el presidente Alfonsín creó la Subsecretaría de Derechos Humanos, dependiente del Ministerio del Interior, a donde fue remitida toda la documentación recabada por la Comisión investigadora. Al mismo tiempo, por decretos del Poder Ejecutivo Nacional 158/83 y 157/83 se decide el sometimiento a juicio sumario de las tres primeras juntas militares que habían gobernado entre 1976 y 1983 –por crímenes tales como tortura y privación ilegítima de la libertad– y la persecución penal –por asociación ilícita, atentados contra el orden público y la paz interior– de las cúpulas de las organizaciones guerrilleras. El 29 de diciembre de 1983, el Congreso aprueba la sanción de la ley 23.040, que deroga la Ley de Pacificación Nacional (o de autoamnistía). Finalmente, en febrero de 1984, se sanciona la ley 23.049 de Reforma al Código de Justicia Militar, que confiere al Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas la jurisdicción inicial para el procesamiento del personal militar aunque establece una instancia de apelación automática a la Justicia Civil. Cuando el Consejo Supremo se niega a juzgar a sus camaradas y emite en septiembre de 1984 un documento que legitima su accionar, la Cámara Federal de Buenos Aires se hace cargo del juzgamiento de las juntas. El juicio se inicia en abril de 1985 y finaliza en diciembre. En la sentencia a los comandantes de las tres primeras juntas militares queda probado el carácter sistemático de la represión militar. Fuente: Universidad Nacional de Quilmes
FORO ECONOMÍA Y TRABAJO | NO HAY ORDEN MACROECONÓMICO SIN RECUPERACIÓN DEL SALARIO REAL
LA SITUACIÓN DE LA ECONOMIA REAL LO EXIGE Como venimos sosteniendo[1] la grave situación de la economía real exige como prioridad, una urgente recuperación del salario real, las jubilaciones, y el salario social complementario, siendo que además esta es la única vía para una rápida recuperación de la demanda interna, la producción y el empleo que prosiguen en caída debido a la política económica del gobierno de Javier Milei. Esa recuperación debe partir de la actualización del Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVN), un derecho constitucional, reglamentado por la Ley de Contrato de Trabajo que, en su artículo 116, define como “la menor remuneración que debe percibir en efectivo el trabajador sin cargas de familia, en su jornada legal de trabajo, de modo que le asegure alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte y esparcimiento, vacaciones y previsión”. Es decir, es un derecho que debe garantizar otros derechos. No puede caber duda por ello que, como mínimo, el SMVM, al igual que las jubilaciones, deben corresponderse con el valor de la CANASTA BÁSICA TOTAL (INDEC). La misma también debe ponderarse al determinar el salario social complementario, cuyo monto fue congelado desde diciembre de 2023 y desacoplado del SMVM. Esa Canasta Básica Total (CBT) debe ser adecuadamente actualizada, pues la estructura de gastos sobre la que se calcula es notoriamente anacrónica[2] y limitada. A esta situación refiere el análisis sobre el salario real[3] que integra este texto. El SMVM, que está hoy ubicado en los $ 322.000, no logra cubrir una canasta básica alimentaria para que una familia de cuatro integrantes no caiga en la indigencia, siendo que debería multiplicarse por cuatro para no caer en la pobreza. Es una de las consecuencias de la política económica de Javier Milei que ha generado desde el inicio de su mandato, una transferencia de ingresos de 43,7 billones de pesos del bolsillo[4] de los trabajadores a los sectores financieros, exportadores de materias primas y formadores de precios, deteriorando aún más las condiciones de empleo e ingresos del conjunto de la población. En la emergencia que vivimos, la exigencia de recuperar los ingresos de las familias, junto al reclamo de a) reversión de la apertura irrestricta de las importaciones y b) políticas de crédito asequibles orientadas a la industria y la construcción de viviendas familiares, debiera unir a los sectores del trabajo y la producción vinculados al mercado interno y al interés nacional. Es estratégico alcanzar esa unidad con contenido en momentos en que el Gobierno lleva adelante una ofensiva para arrasar con los derechos los trabajadores, centrada, no en crear empleo, sino en “reducir los costos laborales”[5] , que de prosperar supone la caída de la demanda interna vía la reducción de salarios y contribuciones a la seguridad social, disminuyendo los ingresos de la mayoría productiva de nuestra sociedad para concentrarlos en la minoría más rica. Pues, de aprobarse el regresivo “Proyecto de Ley de Modernización Laboral” que el presidente Javier Milei ingresó en el Congreso de la Nación se profundizará la pérdida de puestos de trabajo, la precarización laboral, y el cierre de empresas, así como, en términos reales, el descenso de la recaudación tributaria.[6] Esto último significa menos recursos para salud, educación y obra pública, menores jubilaciones y pensiones, menos transferencias a las provincias para que brinden servicios públicos esenciales, mayor endeudamiento de las familias, mayor caída de la demanda efectiva, en tanto el gobierno para sostener un “modelo” inviable seguirá con el negocio financiero de incrementar la deuda pública. Así es y será imposible un orden macroeconómico real y sustentable. UNA DÉCADA DE PÉRDIDA DEL PODER ADQUISITIVO QUE PROFUNDIZA DESIGUALDADES[7]. El salario real en Argentina atraviesa un proceso de deterioro persistente desde hace casi una década. Tomando como base el Índice de Salarios (IS) del INDEC con base en diciembre de 2016 = 100 —momento a partir del cual se reanuda la publicación regular del IPC tras el apagón estadístico—, el índice total de salarios reales se ubica en septiembre de 2025 (último dato disponible) en torno a los 77,9 puntos, lo que implica una pérdida de al menos 22% del poder adquisitivo. En términos prácticos: hoy el salario promedio compra una quinta parte menos que en 2016. El deterioro ha sido más intenso en el sector público, con una caída acumulada del 32,9%, frente a una reducción del 18,2% en el sector privado registrado Fuente: elaboración propia en base a IS e IPC INDEC Cabe destacar que el índice total incorpora también al componente de asalariados privados no-registrados, estimado a partir de la Encuesta Permanente de Hogares. Entre diciembre de 2016 y el último dato disponible, este componente mostró una baja real del 15,6%. Esta “menor caída real” debe leerse con reservas por razones metodológicas: el salario privado no-registrado presenta un rezago de cinco meses, por lo que el dato de septiembre de 2025 corresponde en realidad a abril de 2025. Corrigiendo ese rezago, la caída real entre diciembre de 2016 y abril de 2025 asciende al 17,8%, mientras que para el mismo período el IS total recalculado corrigiendo el rezago del componente no-registrado muestra una baja real del 23,1%. Además, el índice de salarios no registrados no mide un “precio puro” del salario como los otros componentes, sino que lo aproxima, ya que su evolución está afectada por cambios en la composición del empleo. En el último período, la expansión de las plataformas digitales, la posibilidad de trabajar de manera remota para el exterior y otras formas atípicas de inserción laboral tiende a distorsionar la lectura tradicional de la evolución salarial de este componente. Por otro lado, para el conjunto de componentes, debe considerarse que el IPC actual sigue basado en una canasta de consumo de 2004/05, actualizada por última vez en 2016. Desde entonces, la estructura de gastos de los hogares cambió de manera significativa: hoy pesan relativamente menos los alimentos y mucho más los servicios como luz, gas, agua, transporte y comunicaciones (ENGHo 2017/18). Este desfasaje hizo que, en el último período,
