20 de SEPTIEMBRE. Día del Jubilado y la Jubilada
Este 20 de septiembre se conmemora el Día del Jubilado y la Jubilada en Argentina, una fecha que nos recuerda la importancia de reconocer y defender los derechos de quienes han dedicado su vida al trabajo y al progreso de nuestro país. Sin embargo, una vez más, la fecha se ve envuelta de indignación y protesta ante las políticas de ajuste del gobierno. Hoy nuevamente nos encontramos en una situación crítica. Frente a los reclamos por jubilaciones que no alcanzan para subsistir y no cubren la canasta básica, el Presidente Milei volvió a vetar en agosto de este año un aumento a los haberes y la renovación de la moratoria previsional. La realidad cruda y dolorosa que viven nuestros adultos mayores se ve agravada por la represión que todos los miércoles sufren por parte de este gobierno, comandada por la Ministra de Seguridad Patricia Bullrich. Este gobierno, le negó a los jubilados/as un aumento del 7,2%, aproximadamente unos míseros 17 mil pesos en muchos casos, y un incremento del bono extraordinario de 70 mil pesos a 110 mil pesos. Este hecho, tan obsceno como emblemático, refleja la crueldad a la que nos tienen acostumbrados. Este tipo de decisiones gubernamentales constituyen un ataque directo a la dignidad de nuestros mayores. La lucha por sus derechos no puede ser ignorada ni silenciada. Desde la Asociación Bancaria, reafirmamos nuestro compromiso de defender a los jubilados y jubiladas. Su día no solo debe ser una fecha de celebración, sino también un recordatorio de la lucha por la justicia y la dignidad. La defensa de sus derechos es una responsabilidad colectiva que no podemos eludir. Secretaría de Prensa y Difusión
20 DE SEPTIEMBRE 1984. Entrega del Informe de la Conadep
Este 20 de septiembre se conmemoran 41 años de la presentación del Informe Nunca Más realizado por la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP), que funcionó, a propuesta del presidente Raúl Alfonsín, entre diciembre de 1983 y septiembre de 1984. Aquél 20 de septiembre de 1984, el escritor Ernesto Sábato presidía aquella comisión que hizo entrega al primer mandatario del mencionado Informe. El Nunca Más constituyó un documento clave para el Juicio a las Juntas. Dicho texto permitió conocer y comprobar la existencia del plan sistemático de desaparición, tortura y exterminio puesto en práctica en Argentina a partir del 24 de marzo de 1976. Cabe aclarar que el Informe Nunca Más es una producción de gran impacto social, que surge bajo determinadas condiciones políticas, y constituye una de las publicaciones más importantes del siglo pasado, elaborada desde la apertura democrática. Así lo demuestra la tirada de más de 500 mil ejemplares que llegaron al público, y su traducción a varios idiomas, otorgando legitimidad pública a la voz de familiares y militantes de organismos de Derechos Humanos. La publicidad de la información sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos atentaba contra uno de los propósitos centrales de la “política de desaparición:” borrar las huellas de los crímenes cometidos. La recepción del Informe Nunca Más ha variado con los años, se ha resignificado a partir de la profundización de debates y posicionamientos que muestran una madurez en el proceso colectivo de construcción de las memorias. Una expresión de ello está dada en la reedición del Informe en el año 2006 donde la interpretación de la violencia política conocida como la “teoría de los dos demonios” es rebatida. El nuevo prólogo se encargó de destacar que la violencia estatal y la utilizada por las organizaciones populares de la época no eran simétricas, y por lo tanto, tampoco igualmente repudiables, a tal punto que el lema “Nunca Más”, si bien suponía un legítimo reclamo por el cese del uso de la violencia política, no podía significar asimismo un repudio para las consignas políticas que portaban los militantes de dichas organizaciones en los años setenta. Más allá de los debates, Nunca Más, continúa provocando identificación en la sociedad, y lo prueba el hecho de que el título del Informe se ha convertido en consigna de diversos tipos de manifestaciones políticas convocadas para pedir justicia, no sólo cuando se trata de hechos relacionados con la dictadura, sino también cuando se trata de reclamos vinculados al respeto de los Derechos Humanos. Fuente: Universidad Nacional de La Plata
FORO ECONÓMICO Y TRABAJO. CAMBIAR EL RUMBO PARA EVITAR LO PEOR
MILEI Y CAPUTO HAN FRACASADO Hemos dicho en reiteradas oportunidades que el esquema económico de Javier Milei y Luis Caputo ha fracasado estrepitosamente. A pesar de ello y las negativas consecuencias que sufre nuestra sociedad, el gobierno insiste en un derrotero que nos lleva a un quebranto financiero, económico, social e institucional aún más grave que el que sufrimos los argentinos en 2001. Lo anticipa la nueva corrida cambiaria que estamos viviendo luego de que el titular del Poder Ejecutivo presentó -el 15 de setiembre- un fantasioso proyecto de presupuesto, que perpetúa el ajuste realizado y da prioridad a la deuda, encubriendo su dimensión pues se capitalizan intereses y no constan como gasto, incrementándola de forma explosiva[1]. En esa presentación Milei sostuvo que “lo peor ya pasó”, proyectando para finales de 2025 en $1323.- y para diciembre de 2026 en $1423.-, cuando al 18 de setiembre de 2025 el tipo de cambio ya está volando a $1515.- al cierre de este documento a pesar de la fuerte intervención del Banco Central. En la frase copió al presidente Macri que el 1 de marzo de 2018, en el tercer año de su mandato, tras ganar en las elecciones legislativas de 2017, también aseveró “lo peor ya pasó” en su discurso ante la Asamblea Legislativa, para así tratar de convocar el apoyo de la población a seguir esperando un futuro de bonanza que nunca llegaría. Tres meses después, la debacle productiva, económica y financiera se hacía sentir fuertemente, y ni el fraudulento acuerdo stand by con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por 57.000 millones de dólares, de los cuales se desembolsaron 44.500 millones de dólares, logró torcer el destino. Por el mismo camino va Milei, pero mucho más rápido pues se caracteriza “por impulsar burbujas financieras con desenlaces de corto plazo” [2]. En su aventura de sostener un plan de negocios atrayendo capitales de corto plazo mediante una onerosa bicicleta financiera, incrementó – a agosto de 2025- la deuda bruta en el equivalente a 83.555 millones de dólares, mientras hunde la economía real, el trabajo y la producción nacional. Los sucesos que vivimos nos indican que hoy entre los principales actores socioeconómicos e institucionales, no hay incertidumbre, sino certidumbre acerca de que el actual esquema económico es inviable. Lo mismo sucede en el FMI, cuyo Departamento de Estrategia, Políticas y Evaluación (SPR) advirtió en abril de 2025 al pronunciarse sobre el nuevo préstamo que se otorgó, tan fraudulento como el suscripto por Macri, “que la capacidad de Argentina para reembolsar al fondo sigue sujeta a riesgos excepcionales”. Por ello su directora Ceyla Pazarbasioglu[3] se excusó entonces de suscribir la autorización correspondiente por considerarlo prácticamente impagable. En todo caso las diferencias en relación con esta situación pasan por quienes nos perjudicamos – la inmensa mayoría- – y quienes se benefician – una minoría muy rica- con el plan de negocios que ejecuta el financista Luis Caputo, mientras Federico Sturzenegger, a cargo de desregular e inutilizar el Estado, le despeja el camino. Es más, los grandes beneficiados por el negocio de la “bicicleta financiera”, cuando ven -como ahora- que el mismo se vuelve imposible aceleran la crisis de la deuda para disminuir el valor de los activos internos, de las empresas, de los inmuebles. Así logran -con complicidad del gobierno- una oportunidad de recompra a precio vil y de acumulación de ganancias para quienes se llevaron los dólares fuera del sistema o del país, ante la reducción de la oferta de divisas y la consiguiente devaluación de nuestra moneda. Ante esta situación resulta necesario encontrar certidumbre en la respuesta para salir de este desastre, cuanto antes, con propuestas y acciones concretas. Es requisito de supervivencia para los argentinos y la Argentina. No llegar a lo peor por venir es lo que nos tiene que ocupar. Con ese fin insistimos en que es urgente definir, dentro de los términos de la Constitución Nacional, cómo llegar a los consensos básicos para salir de esta situación, con una necesaria participación federal y de los sectores del trabajo y la producción. No cabe duda en este sentido la gran responsabilidad institucional y mecanismos constitucionales que tiene el Congreso, es decir el poder legislativo nacional, que renovará en parte su integración en las elecciones del próximo 26 de octubre. El resultado electoral depende tanto de los compromisos expresos de las formaciones políticas intervinientes con los ciudadanos electores, y luego de la responsabilidad de éstos al ejercer el voto. Es un importante antecedente el triunfo de la oposición que expresa Fuerza Patria en las elecciones legislativas de la Provincia de Buenos Aires que representa el 35 % del producto bruto Interno (PBI), el 37,8% de las exportaciones, y el 38,2 % de la población de nuestro país. Esos acuerdos deberían, en esta emergencia, comenzar a reflejarse en la Ley de presupuesto[4], que no puede tener como prioridad las condiciones derivadas de una deuda acordada con fraude, donde el Gobierno de Milei no ha cumplido con la legislación vigente, ni el Directorio del Fondo Monetario Internacional con el estatuto constitutivo del organismo. Cabe destacar que la función del poder ejecutivo en cuanto a esa norma es elaborar el proyecto y presentarlo. Pero cabe al Congreso de la Nación con poder de enmienda, revisión y modificación de esa propuesta del Poder Ejecutivo sancionar la ley anual correspondiente, planificando los ingresos que recibirá el Estado para cumplir con sus obligaciones constitucionales en relación con salud, educación, seguridad social, ciencia, infraestructura, seguridad, defensa, etc. Recursos hay, deben ser correctamente asignados[5]. No es ocioso recordar que el Gobierno de Milei gobernó durante 2024, como lo hace en 2025, sin presupuesto, manejando fondos a discreción, lo que logró enviando proyectos imposibles de aprobar, contando con la connivencia de parte de los legisladores y gobernadores. Junto a la movilización popular, esta es la vía constitucional para poner límite a este Poder Ejecutivo autoritario y desbocado, como está sucediendo en el rechazo a los inaceptables vetos presidenciales a leyes sancionadas en materia de discapacidad, salud, educación universitaria, y transferencias a
18 DE SEPTIEMBRE 1985. Alegato Final del Juicio a las Juntas Militares
«Quiero utilizar una frase que pertenece a todo el pueblo argentino. Señores jueces: nunca más» Hoy se cumplen 39 años de un alegato que quedó grabado a fuego en la historia argentina: el que pronunció el entonces fiscal Julio Strassera durante el emblemático juicio a las juntas militares. «Señores jueces, quiero renunciar expresamente a toda pretensión de originalidad para cerrar esta requisitoria. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces: nunca más». El «Nunca Más» ya circulaba por las calles de aquella Argentina. De hecho, había sido el título del informe de la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas (Conadep) que encabezó el escritor Ernesto Sábato, y que durante meses investigó el destino que corrieron los detenidos-desaparecidos por la dictadura en los centros clandestinos de tortura y exterminio. Los jueces integrantes de la Cámara Nacional de Apelaciones, juzgaron entre el 22 de abril y el 9 de diciembre de 1985 a los comandantes de las Fuerzas Armadas que durante siete años aplicaron el terrorismo de Estado en el país: el general Jorge Rafael Videla, el almirante Emilio Eduardo Massera, el brigadier Orlando Ramón Agosti -quienes conformaron la primera junta militar-, Roberto Eduardo Viola, Armando Lambruschini, Omar Domingo Rubens Graffigna -la segunda, Leopoldo Fortunato Galtieri, Jorge Isaac Anaya y Basilio Lami Dozo -la tercera-. Fuente: La Gaceta
La Bancaria participó de la Marcha Federal en el Congreso. Puertas adentro, Diputados rechazó los vetos de Milei
Una masiva movilización en las inmediaciones del Congreso celebró la votación de la Cámara Baja que rechazó los vetos del presidente Milei a las leyes de Financiamiento Universitario y de Emergencia Pediátrica, que podían quedar efectivas cuando sea el turno del Senado. El Secretariado Nacional de la Asociación Bancaria, la Seccional Buenos Aires, junto a Comisiones Gremiales Internas dijo presente en la masiva Marcha Federal en defensa de la salud y la educación pública. Puertas adentro del Congreso, nuestro Secretario General Sergio Palazzo, defendió con su voto estas normativas fundamentales para seguir garantizando estos derechos esenciales para un país más justo e igualitario. Una vez más, los argentinos y argentinas y los sectores organizados del país demostraron la importancia de expresar en las calles el compromiso de un pueblo que no se resigna perder los derechos conquistados a lo largo la nuestra historia. Sindicatos, organizaciones sociales y políticas, estudiantes y profesionales de la salud le dijeron NO AL VETO y BASTA DE AJUSTE. Desde nuestro Sindicato, seguiremos inclaudicables en la defensa de un país con justicia social, con salarios dignos y con derechos para los trabajadores y trabajadoras. 1 1
17 DE SEPTIEMBRE 1999. Masacre de Ramallo
El 17 de septiembre de 1999, tres asaltantes tomaron rehenes durante más de 20 horas en una sucursal de la ciudad bonaerense del Banco Nación. Tras una larga negociación, dos de ellos salieron de la entidad crediticia. Tenían retenidas a seis personas, entre ellos al gerente de la sucursal, y al arribar la policía comenzó el diálogo entre los efectivos y los delincuentes, que buscaban obtener el dinero que había en el banco a cambio de liberarlos. Luego de haber liberado dos rehenes, pidieron que para soltar al último debían darles la clave de una de las bóvedas del banco, pero las negociaciones se estancaron luego de 20 horas. En la madrugada del día siguiente, mientras Martín Saldaña, uno de los ladrones, hablaba con el mediador, sus compañeros salieron con los tres rehenes restantes en un auto propiedad del gerente, Carlos Chaves. Los delincuentes intentaban escapar de los policías bonaerenses apostados en las afueras del banco. Los efectivos, dispararon más de 150 balas contra el mismo. El asaltante que quedó en el interior del banco fue detenido, pero al día siguiente apareció ahorcado en su celda. Por otro lado, siete policías que participaron en el operativo fueron condenados entre 2 y 20 años de prisión. La Corte Suprema condenó a la Provincia de Buenos Aires a indemnizar con más de 400 millones de pesos más intereses a la viuda del gerente de la sucursal Ramallo del Banco Nación asesinado durante el intento de asalto con toma de rehenes. Fuente: El Cronista
FORO ECONOMÍA Y TRABAJO. CEDER NUCLEOELECTRICA ES CEDER SOBERANIA
El gobierno de Javier Milei va por la privatización de una parte sustancial del capital de Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NA-SA) y ello, en sus efectos, supondrá la cesión total de la operación de las centrales nucleares. Esta decisión sigue otras anteriores de los gobiernos de Carlos Menem y Mauricio Macri, atentando contra las capacidades soberanas argentinas En un contexto de cambio climático, la energía nuclear es imprescindible para un desarrollo energético más limpio. Hoy las tres centrales nucleares existentes[1] representan un 7% de la generación eléctrica en Argentina. Y, nuestro país, puede diseñar y construir centrales nucleares de 600 MW con tecnología de agua pesada y uranio natural, con capacidad para fabricar su combustible. Como se sabe la ciencia nuclear tiene numerosas aplicaciones médicas y hemos exportado varios reactores de producción de radioisótopos medicinales a distintos países del mundo. Durante la última década del siglo pasado no pudieron privatizar su gestión, presumiblemente, por dos motivos. Primero pues el capital no quiere problemas e interpreta que la operación de centrales nucleares es demasiado problemática. Segundo porque el adjudicatario quedaba obligado a completar Atucha II, lo que resultaba en extremo complejo, salvo para la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y sus expertos. Pero esta vez la perspectiva es diferente. Durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner se completó la construcción[2] de la central Atucha II con recursos técnicos y económicos propios, sin pedirle nada a nadie, funciona perfectamente, y cuando algo falla, se repara también sin pedirle nada a nadie. Durante esta ofensiva feroz que actualmente sufrimos contra la economía, el trabajo y la producción argentinos, terminar con nuestra capacidad nuclear nacional, es un objetivo que festejan varias embajadas extranjeras, que prohíjan al gobierno de Milei e incluso podrían facilitar, al efecto, el acceso a alguna “contribución de emergencia”, aunque sea a fondo perdido. Incluir capital privado, presumiblemente extranjero, en la composición accionaria de una empresa de las dimensiones e importancia de NA-SA, no es gratis. Las empresas mixtas en esas condiciones suelen terminar adoptando políticas más afines al beneficio económico inmediato de los accionistas privados que al interés nacional. Ambos intereses, en la mayoría de los casos, son antitéticos. Por ejemplo, pueden cambiar el proveedor de combustible nuclear, un producto de ingeniería muy compleja que hoy en día se fabrica en Argentina, para someternos a un esquema de dumping que nos someta a la voluntad futura de un proveedor transnacional para alimentar nuestras centrales. Por otro lado, NA-SA tiene una Gerencia de Proyectos Nucleares que permitió completar Atucha II, extender la vida útil de la Central Embalse y, ahora, encara la misma operación para Atucha I. La capacidad de sus experimentados trabajadores es estratégica para replicar centrales como la de Embalse, o para la evolución de los modelos CANDU [3]. En el esquema que se quiere imponer NA-SA será sólo una empresa de operación de centrales, pero no de ingeniería. Ya el gobierno de Macri redujo la mencionada gerencia hasta la inanición de la que se recuperó durante el período 2019-23. Avanzar en la cesión de su capital accionario supondría su disolución, pues esa es la tendencia de este gobierno para todas las dependencias o entes que desarrollan y aplican tecnologías complejas. NA-SA debe ser una Empresa del Estado, con participación de sus trabajadores en su gestión acorde a la Constitución Nacional[4], para diseñar y fabricar partes esenciales de los reactores nucleares. Ello nos permitiría acceder a una participación, con trabajo argentino agregado, en el mercado mundial que en una primera estimación podría oscilar entre los 2000 y los 16.000 millones de dólares por año en promedio durante los próximos 25 años. En este caso la defensa de la soberanía supone, también, la preservación de un beneficio económico para el país a mediano o largo plazo, además de un reaseguro para la calidad de vida de sus habitantes. Que no suceda con NA-SA lo que sucedió con IMPSA, empresa también estratégica para la soberanía nuclear que ya ha sido vendida a capitales estadounidenses. En este y otros casos – como el de las centrales hidroeléctricas[5]– el Congreso de la Nación ahora, como un próximo gobierno, deben desconocer y anular las licitaciones, así como todos los contratos que cedan soberanía nacional. EN DEFENSA DE LA SOBERANÍA NUCLEAR ARGENTINA FORO ECONOMIA Y TRABAJO Ricardo Aronskind, Gabriel Barceló, Noemí Brenta, Juan Pablo Costa, Norberto Crovetto, Marcelo Di Ciano, Marisa Duarte, Eduardo Dvorkin, Roberto Feletti, José M. Fumagalli, Américo García, Carlos Gutiérrez, Bernardo Lichinsky, Nicolás Malinovsky, Jorge Marchini, Juan Carlos Teso, Tomás Raffo, Andrés Repar, Felisa Miceli, Alejandro Rofman, Horacio Rovelli, José “Pepe” Sbatella, Nahuel Silva, Eduardo Berrozpe (coordinador) FORO ECONOMÍA Y TRABAJO. Está integrado por economistas y otros especialistas a propuesta de organizaciones sindicales de nuestro país, abierto a todas las instituciones que integran el Movimiento Sindical Argentino, así como a los aportes de organizaciones que agremian a las Pyme, cooperativas y a la economía popular. Sus documentos y definiciones corresponden a sus autores, que tienen nuestro agradecimiento, que se extiende a quienes consideran la propuesta de participar en la articulación de un programa económico con eje en el trabajo, la producción, la justicia social, la defensa de los recursos y la soberanía nacionales. foroeyt@gmail.com [1] Atucha I, Atucha II (ambas en Lima, Zárate, Pcia. de Buenos Aires) y Embalse (Calamuchita, Pcia. De Córdoba) [2] La construcción de Atucha II estuvo suspendida entre 1994 y 2006; en junio de 2014 comenzó a entregar energía. [3] Modelo de reactor nuclear que utiliza uranio natural como combustible y agua pesada como moderador y refrigerante. [4]Según el Art. 14 bis Constitución Nacional [5] https://radiografica.org.ar/2025/08/21/foro-economia-y-trabajo-la-venta-de-las-centrales-encarecera-la-energia/
Intereses Colectivos. Programa N° 172
Salió al aire el programa N° 172 de Intereses Colectivos en Radio Gráfica FM 89.3 con la conducción de Lucas Sarri, la producción de la Secretaría de Prensa Nacional, la colaboración de Leonardo Martín y la supervisión y de nuestro Secretario de Prensa, Claudio Bustelo. En el programa de hoy comentamos la última actualización salarial, lograda por la Asociación Bancaria para el mes de agosto 2025, que se abonará en los próximos salarios. Hablamos sobre los reclamos de los trabajadores y las trabajadoras del Garrahan y de las universidades públicas que se condensarán este miércoles en la Marcha Federal en rechazo a los vetos presidenciales a la Ley de Emergencia Pediátrica y a la Ley de Financiamiento Universitario. Nuestro sindicato movilizará nuevamente en defensa de la salud y la educación pública. En el segundo bloque entrevistaremos a Carlos De Feo, Secretario General de la CONADU, quien expuso la situación asfixiante que se vive en las universidades públicas: “Hemos tenido un desfinanciamiento enorme. De no haber ley vamos a llegar a un fin de año con una crisis que puede generar daños irreversibles. Hoy estamos con salarios con pérdidas por encima del 40%; hemos superado los 10 mil docentes y no docentes que han abandonado, pedido licencia o han renunciado a sus cargos, afectando cátedras, equipos de investigación que costaron muchos años en formar”, detalló en diálogo con Intereses Colectivos. Sobre la Marcha Federal convocada para este miércoles marcó: “Estamos pensando en una movilización nacional que va a superar el millón de personas. Sabemos que vamos a tener que seguir en la calle para que este gobierno aplique la ley”. ¡Te invitamos a escuchar el programa completo! youtube.com/watch?si=FG-q_Q64KAVhywro&v=IFjBFtsONtA&feature=youtu.be 1 1
16 DE SEPTIEMBRE 1955. Golpe de Estado. Revolución Fusiladora
El 16 de septiembre de 1955, un movimiento cívico-militar-eclesiástico puso fin al segundo gobierno de Juan Domingo Perón, con un golpe de Estado que se autodenominó Revolución Libertadora. El gobierno de facto encontró un país que había pagado la totalidad de la deuda externa, cuyo motor era el consumo popular. En pocos meses, produjo una devaluación del peso que disminuyó el salario de los trabajadores, intervino los sindicatos, se asoció con el Fondo Monetario Internacional, y desató una feroz persecución contra el peronismo. Hacía nueve años que Perón gobernaba la Argentina, elegido en comicios democráticos en los que había ganado por el 54 y por el 62 por ciento de los votos, con una gestión que había significado un notable mejoramiento en la vida de los sectores asalariados, con la inclusión de derechos sociales en la Constitución Nacional hasta entonces inexistentes en la Argentina. Tres meses antes del golpe, el jueves 16 de junio de 1955, aviones de la Marina de Guerra y de la Aeronáutica sobrevolaron la ciudad de Buenos Aires con el objetivo de bombardear la Casa de Gobierno, en la que se encontraba el presidente de la República y miles de civiles. Durante cinco horas cayeron un centenar de bombas en la Plaza de Mayo, dando comienzo a una etapa de violencia sostenida en la Argentina. El 16 de septiembre, el golpe se impuso. De esa manera, llegó a la presidencia de la República el general Eduardo Lonardi. Dos meses más tarde, fue reemplazado por el general Pedro Eugenio Aramburu, que llegó a la Casa Rosada con el apoyo de todos los partidos políticos no peronistas y de los sectores liberales que exigían mayor firmeza con los seguidores del régimen depuesto. Fue durante ese gobierno que se acentuaron los juicios y condenas a decenas de dirigentes peronistas, muchos de los cuales fueron confinados en distintas cárceles del país, incluido el penal de Ushuaia, que había sido clausurado por sus condiciones inhumanas para el alojamiento de los presos. Además, se sancionó el decreto 4161/56, que prohibía el uso público de los símbolos asociados con Perón y hasta la misma mención de su nombre, y se dispuso la intervención de la CGT, de donde desapareció el cadáver de Eva Perón. Pero, sin duda, la medida de mayor dureza fueron los fusilamientos de 1956, luego de que fracasara el levantamiento del 9 y 10 de junio de aquel año en el que perdieron la vida el jefe del movimiento, general Juan José Valle, y otros treinta ciudadanos, entre los que se contaban civiles que fueron ultimados en un basural de José León Suárez. En 1957, el gobierno de facto convocó a una Asamblea Constituyente para derogar la Carta Magna reformada en 1949, resumiendo los derechos sociales en un solo artículo que fue agregado con el número 14 bis. Un año después, el 1º de mayo de 1958, entregó el gobierno a Arturo Frondizi, de la Unión Cívica Radical Intransigente (UCRI), luego de convocar a comicios en los que se impidió la participación del peronismo. Fuente: Caras y Caretas
16 DE SEPTIEMBRE DE 1976. La noche de los lápices
El 16 de septiembre de 1976, días anteriores y posteriores, un grupo de estudiantes secundarios de la ciudad de La Plata fueron secuestrados y desaparecidos por la última dictadura militar. Aquellos hechos se recuerdan como “La Noche de los Lápices”. Seis continúan hoy desaparecidos, cuatro de ellos menores de edad al momento de su secuestro por fuerzas combinadas de la inteligencia militar y de la policía bonaerense. Los jóvenes protagonistas de aquella trágica historia fueron: Francisco López Muntaner y María Claudia Falcone, ambos de 16 años, Claudio de Acha y Horacio Ángel Ungaro, de 17 años, Daniel Alberto Racero y María Clara Ciocchini, de 18, todos ellos desaparecidos y asesinados. Pablo Díaz (19 años), Patricia Miranda (17 años), Gustavo Calotti (18 años) y Emilce Moler (17 años) fueron los cuatro sobrevivientes. La mayoría de estos jóvenes tenía militancia política en la Unión de Estudiantes Secundarios (UES) de la ciudad de La Plata. Esta agrupación, junto a otras escuelas, había reclamado un año antes, en 1975, ante el Ministerio de Obras Públicas, el otorgamiento del boleto de autobús con descuento estudiantil. De acuerdo al testimonio de algunos de los sobrevivientes, este reclamo ha sido la causa directa de los secuestros; otros, lo atribuyen a la sola militancia. Las víctimas, los hechos y su significado, se convirtieron en todo un emblema de la criminalidad de un estado terrorista que dio muestras acabadas de un plan sistemático de secuestro y desaparición de personas, sin importar, edad, sexo o ideología política. Fuente: UBA
